La administración boliviana ha dictaminado el estado de excepción en todo el territorio nacional tras cumplirse siete semanas de cortes de vías y protestas ciudadanas; bajo esta disposición, las instituciones castrenses prestarán auxilio a la Policía con el fin de restaurar la tranquilidad pública.
Esta medida excepcional comprende la implementación de un toque de queda en regiones determinadas y contempla la posibilidad de limitar la comercialización e ingesta de bebidas alcohólicas, así como las operaciones financieras en sitios donde se registren enfrentamientos o bloqueos. Las garantías constitucionales permanecerán en vigor y los establecimientos comerciales podrán seguir operando con habitualidad.
El anuncio fue realizado por el presidente Rodrigo Paz a través de su perfil oficial en la red social X, donde manifestó que la resolución «no busca interrumpir la normalidad, sino restituirla», y enfatizó que las prolongadas obstrucciones en los caminos han afectado negativamente el desenvolvimiento cotidiano de la nación.
En ese sentido, el jefe de Estado declaró: «Los bolivianos no pueden continuar siendo rehenes de cierres que imposibilitan trabajar, estudiar, acceder a servicios de salud, abastecerse y proveer sustento a sus familias».
«La nación requiere recuperar sus rutas, asegurar el suministro y retomar la normalidad», declaró, aunque reafirmó su disposición al entendimiento. «Las instancias gubernamentales mantendrán sus puertas abiertas para quienes deseen entablar conversaciones de buena fe», aseveró.
Asimismo, en un mensaje emitido a la nación, advirtió a «aquellos que insistan en obstaculizar, causar daños, atacar, amedrentar o vulnerar el orden constitucional» que deberán afrontar «las consecuencias jurídicas de sus acciones».
Por último, aclaró que sobre los actores violentos recaerá todo el peso de la ley y se empleará la fuerza legítima que la Constitución y el sistema democrático confieren al Estado para salvaguardar a sus ciudadanos.
Fuente: vtv.com.ve
